Uribe echó a 27 militares por matar a civiles y exhibirlos como guerrilleros

Es tan preocupante lo que halló una comisión sobre la desaparición de jóvenes en barriadas pobres de la capital colombiana y que luego fueron hallados muertos, vestidos de guerrilleros y reportados por las tropas oficiales como "positivos" en apartadas zonas de ese país, que el presidente Alvaro Uribe llevó a cabo ayer una histórica purga en su Ejército: 27 militares, entre ellos tres generales y once coroneles, fueron destituidos de manera fulminante y tendrán que responder ahora ante la justicia por el atroz hecho.

La sorpresiva destitución de los militares fue anunciada por el propio Uribe y por su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, luego de escuchar los resultados de una investigación por las muertes de una veintena de jóvenes que a comienzos del año habían sido reportados como desaparecidos en un deprimido sector del sur de la capital colombiana. Los jóvenes, la mayoría desempleados o mendigos, aparecieron días después ante las cámaras de TV como guerrilleros muertos en combate.

"La investigación ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos. No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes, y la distorsión de eficacia asesinando víctimas inocentes", aseguró Uribe en una conferencia de prensa desde el Palacio de Nariño. El mandatario colombiano dijo que si bien el caso es investigado por la Fiscalía colombiana, lo que encontraron hasta el momento los investigadores "ha permitido establecer que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército". "Son crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con el Ejército para cometer esos crímenes", lamentó.

Santos, por su parte, señaló en un comunicado -en el que se identificó a cada uno de los 27 militares destituidos- que hay "serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles" incluyendo "el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones". "Esta situación pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados", precisó el Ministerio. Según dijeron algunos familiares de los desaparecidos, los jóvenes antes de desaparecer fueron abordados para ofrecerles empleos en haciendas del norte del país con elevados salarios.

"Es una acusación absolutamente falsa. Bajo ninguna circunstancia por mi mente pudo haber atravesado la idea de mandar asesinar a alguien para presentar un falso positivo", aseguró a Clarín el general Paulino Coronado, jefe del batallón militar. El anuncio coincidió con la publicación el miércoles de un informe del colectivo de organismos no gubernamentales de derechos humanos "Misión Internacional de Observación" que afirma que desde el año 2002, cuando Uribe asumió la presidencia, unos 1.300 colombianos han sido ejecutados en su país de forma extrajudicial, la mayoría de crímenes a cargo del Ejército.

"Resulta preocupante constatar que las regiones de los departamentos de Norte de Santander y Antioquia, donde se presenta el mayor número de caso de ejecuciones extrajudiciales prácticamente coinciden con las regiones en donde se han localizado las principales acciones del Plan Colombia" -un plan de lucha contra las drogas y la guerrillas financiado por el gobierno de Washington-, precisó el informe. El domingo pasado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, la india Navi Pillay, llegó a Bogotá con el propósito de tratar con autoridades colombianas, miembros de ONG y víctimas de violaciones, denuncias de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Colombia. En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, divulgado el pasado 16 de octubre, Human Rights Watch llamó Uribe, a no obstaculizar las investigaciones por nexos de políticos, empresarios y militares con paramilitares de ultraderecha.